Los especialistas, autoridades y líderes indígenas estuvieron de acuerdo en un momento determinado: la nueva ley de artesanía y la pequeña mina (Ley de Mape) no pueden seguir siendo un rescatador de ilegalidad. El estándar debe ser una herramienta para ordenar la actividad y cerrar permanentemente la transición a aquellos que contaminan los ríos y operan fuera de la ley.
Fue el consenso del seminario “hacia una ley pequeña y artesanal que contribuye al desarrollo sostenible del país”, organizado por la Asociación de Abogados de Lima.
Artesanía e ilegal
César Ipenza Peralta y Karina Cecilia Garay Tapia, del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), presentaron diez propuestas entregadas a la Comisión de Energía y las minas del Congreso. El primero: diferencia claramente la información artesanal menor e ilegal.
Garay Tapia explicó que esta actividad tiene dos caras: por un lado, los ahorros locales son subsistencia y energía; Por otro lado, deja impactos sociales, ambientales y legales. “Cada semana, en los campos donde el crimen y las tasas de deforestación están aumentando”, advirtió.
También preguntó qué tan fácil es operar sin cumplir con los requisitos. “Un menor que quiere formalizar solo necesita registrarse en el reasentamiento y puede comenzar a trabajar. Por otro lado, si desea abrir una tienda simple, el municipio requiere permisos y no permitirá abrir siempre que no se respeten. Lo mismo no sucede con la minería. Necesitamos orden y reglas claras”, dijo.
Fábricas de tratamiento
Para Ipenza, el control debe centrarse en las fábricas de servicios, donde se trata el mineral. Si no están controlados, es imposible seguir el origen del oro o detener el uso de productos químicos peligrosos. El Sunat debe estar involucrado y la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) en este trabajo.
El viceministro de energía y minas, Henry Luna, también puso la lupa en estas compañías. Varios se encuentran entre los principales productores nacionales sin tener sus propias minas, como Beta Dorada (octava productora nacional), Paltarumi (décimo lugar en un solo año de operaciones), Laitaruma, Caravelí o Paraíso. “¿De dónde sacan el mineral? ¿Legalmente lo compras?” Preguntó, aunque el estado tiene las respuestas.
Angela Grossheim, de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, insistió en que la trazabilidad no solo de los minerales debe garantizarse, sino también máquinas, combustibles, insumos químicos y explosivos que alimentan la extracción ilegal. También criticó que el presupuesto se redujo para lidiar con esta actividad ilegal. “La nueva ley debe estar diseñada para pequeñas minas, para no cubrir la ilegalidad”, dijo.
Territorios indocables
El OMI también propuso que la ley del mapa declara áreas intangibles: áreas naturales protegidas, ríos, territorios indígenas y sitios arqueológicos. Estos lugares deben ser intocables. El oro no es más que agua o vida, dijo Ipenza.
El jefe aborigen Teresita Irene Antozú López, del pueblo Yanesha, testificó lo que está sucediendo en Madre de Dios. Dijo que las comunidades deben caminar una hora para encontrar agua limpia, mientras que los ríos están contaminados por Mercurio. “Los menores ilegales envenenan agua y peces. La gente ya no puede nadar porque la piel está llena de ranchos”, denunció.
Juvenal Silva, de la Sociedad Zoológica de Francfurt, agregó estos datos: una mina ilegal ya afecta a 48 comunidades aborígenes en el Amazonas, una quinta parte del territorio nacional. “Lo que era verde hoy es el gris principal”, dijo. Miles de hectáreas están deforestadas y el agua de cuatro millones de personas está contaminada.
Problema de Réinfar
Diana Carolina Gonzales Delgado, miembro del Congreso de Avanza País, dijo que el Reinfino había terminado siendo un refugio para la informalidad. En consecuencia, los minerales se extraen sin pagar impuestos, el daño ambiental no se responde, la fuerza laboral se contrata en condiciones precarias y se comete delitos.
Recordó que, en octubre pasado, representantes de menores intentaron expandir el fortalecimiento de cinco años más. Aunque su orden no prosperó como quisieran, se extendió durante seis meses más una extensión de media persona que expira el 31 de diciembre de este año.
