Para el director de la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión del Ministerio del Ambiente (Minam), Yury Pinto, la minería ilegal es una de las principales amenazas del país, porque destruye bosques y ecosistemas, y pone en peligro el acceso al agua de millones de familias.
Esta minería ilícita que contamina los ríos con mercurio fue discutida durante el Foro del Agua, organizado en el marco de PERUMIN 37. Pinto destacó que sólo en las últimas dos décadas, más de 3.000 toneladas de este metal pesado en cuerpos de agua.
“El daño es tal que no se puede hablar de formalización cuando se trata de operaciones en fuentes de agua o tramos altos de cuencas, donde la minería está prohibida por ley. La minería ilegal, disfrazada de sector informal, representa una amenaza directa a la sostenibilidad del país”, dijo Pinto.
Esto coincide con lo destacado por la líder indígena Teresita Irene Antazú López, del pueblo Yanesha, quien advirtió que los habitantes de las comunidades de Madre de Dios debían caminar una hora para encontrar agua potable, porque los ríos están contaminados con mercurio. “Los mineros ilegales están envenenando el agua y los peces. La gente ya no puede nadar porque su piel se llena de urticaria”, dijo Teresita en un seminario hace tres semanas. Durante este evento, también se constató que alrededor de cuatro millones de personas podrían ver comprometido su acceso al agua.
Y si hablamos de bosques destruidos, Pinto recordó que hasta 2014 se perdieron alrededor de 100.000 hectáreas por la actividad minera ilegal. Sus efectos, dice, son irreversibles cuando se contamina el agua y se destruye la Amazonia, pero también afectan directamente la agricultura, la pesca y la biodiversidad.
La postura del funcionario se opone, al menos en el discurso, a las propuestas contenidas en la previsión de la nueva Ley de Minas Pequeñas y Artesanales (MAPE) del Congreso. Ciertas secciones de esta norma facilitarían la minería en cuerpos de agua. Más precisamente, de aprobarse la ley tal como está propuesta, permitirá, por ejemplo, formalizar operaciones en yacimientos ubicados en canales, terrazas o abanicos aluviales; operaciones mineras aluviales o extracción de materiales acumulados en lechos aluviales o fluviales; además de la posibilidad de formalizar actividades en las zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas.
Pinto también destacó que el Gobierno aprobó una estrategia nacional contra la minería ilegal, con seis objetivos prioritarios: fortalecer la vigilancia, reducir la comercialización de minerales de origen ilícito, mejorar la coordinación institucional y sancionar al crimen organizado que lucra con esta actividad.
La minería ilegal, además de representar una amenaza para el medio ambiente, también amenaza la salud pública porque compromete el acceso al agua de miles de peruanos. Mientras se discuten regulaciones que puedan abrir más espacios para esta actividad ilícita, expertos y líderes indígenas coinciden en que no se puede hablar de formalización donde hay destrucción.
