El Congreso de la República prepara un nuevo capítulo en el debate sobre la formalización minera en el país. La Comisión de Energía y Minería, en colaboración con la Comisión de Inclusión Social, elaboró un informe que propone extender la vigencia del Registro Completo de Formalización Minera (Reinformar) hasta el 31 de diciembre de 2027, unificando cuatro facturas acumuladas antes de que expirara el proceso actual en diciembre de 2025.
El documento reúne las iniciativas legislativas 11871, 12727, 12871 y 12973, que coinciden en la necesidad de ampliar el proceso de formalización para evitar la exclusión de miles de mineros artesanales y pequeños productores (MAPE). El texto propone modificar el Decreto Legislativo N° 1293 e incluye medidas complementarias, como la suspensión de exclusiones del registro y el reintegro de menores jubilados, mientras se diseña un nuevo marco legal más estable.
La previsión advierte que para octubre de 2025, sólo el 7% de los mineros registrados operan en concesiones propias, mientras que el 93% restante depende de contratos de terceros, lo que ha ralentizado el proceso de formalización.
“La resistencia de los concesionarios a firmar acuerdos limita el progreso, por lo que es necesario un régimen de transición para evitar el colapso social y económico en las zonas mineras”, dijeron desde el Parlamento.
El sector MAPE involucra directa o indirectamente a un millón de familias y representa aproximadamente el 25% del oro exportado por el Perú. Genera 2,1 millones de empleos y aporta el 9% del PIB nacional. Sin embargo, los expertos advierten que ampliar REINFO podría perpetuar la informalidad y dificultar el seguimiento ambiental.
Durante la discusión, los gremios mineros calificaron el proceso de “estructuralmente inviable” debido a trámites burocráticos, mientras que la Empresa Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y el Instituto Peruano de Economía (IPE) cuestionaron la prórroga, proponiendo una ley de MAPE con estándares ambientales y trazabilidad del oro.
Ministerio de Energía y Minas apoya ampliación, pero exige simplificación de procesos; El Ministerio de Medio Ambiente pide que la ayuda se centre en operaciones que cumplan las normas medioambientales, y la Autoridad Nacional del Agua advierte de los riesgos que corren los recursos hídricos en ausencia de un seguimiento eficaz.
La previsión se basa en derechos constitucionales y pactos internacionales e incluye la reintegración de los menores sancionados. El Ejecutivo tendrá 90 días para adaptar el reglamento Reinfo a los nuevos cambios.
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