La presidenta Dina Boluarte, en su último mensaje a la nación, solo ha designado seis veces, la misma cantidad que los llamó “pequeños menores artesanales”. No ha mencionado ni anunció medidas concretas para tratar un crimen organizado y una extracción ilegal e informal en el país.
Dijo que una estrategia nacional para la reducción y la prohibición de esta actividad había sido aprobada hasta 2030 y que las operaciones se llevaron a cabo en Pataz, Libertad y Madre de Dios, afectando a las organizaciones criminales con más de 181 millones de plantas.
El discurso de Boluarte puede explicarse porque el presidente no quiere poner en peligro el apoyo que tiene en el Congreso, miembros del Congreso que tienen vínculos con menores, que han promovido y aprobado, por ejemplo, el registro completo de la formalización de minas (Reinfo).
Esto dice mucho sobre las prioridades de este gobierno que han dedicado pocas líneas a esta actividad cuando, según IPSOS, el 81% de los peruanos consideran la explotación ilegal como una amenaza para la seguridad nacional y se refiere al lavado de dinero, la trata de personas, extorsión y deforestación.
Por lo tanto, Boluarte y sus aliados en el Congreso están comenzando su último año sin mencionar el progreso de las economías ilegales. Esta es quizás la razón por la cual, en la calle, los ven, según las encuestas, como socios de un poder que legisla en el país y facilita el avance de la explotación informal e ilegal, así como el crimen organizado.
Una población de la población asocia cada estándar que amplía la formalización de las minas, debilita la inspección ambiental o reduce las sanciones al transporte de insumos con un pacto entre el gobierno y estas organizaciones, que de hecho no quieren formalizar.
Lo que está sucediendo es que este Congreso ha aprobado, en el último año, un conjunto de estándares que, según especialistas, representan “un revés de más de diez años” en la lucha contra la minería ilegal, y el presidente Boluarte los publicó con liberación.
Entre ellos: Ley 31973, que extendió los plazos de formalización; la modificación de la ley forestal, que permite el uso de tierras en áreas de alto valor ecológico; la eliminación de las sanciones penales para el transporte de insumos químicos; reducción del presupuesto de prohibición; Y la ley que debilita la unidad de inteligencia financiera, lo que dificulta el seguimiento de las capitales de oro ilegales.
Y, en las siguientes semanas, intentará aprobar la nueva ley de pequeñas minas de artesanía y minería (Ley de Mape), que, como está escrita, según varios especialistas, abrirá la puerta a las mafias del oro ilegal para continuar operando sin control. Al reducir las solicitudes ambientales, este estándar les permitiría camuflar etiqueta “formalizable”.