Hasta hace unos años, las organizaciones criminales en Trujillo simplemente disparan a las casas de sus víctimas o dejan una carta con balas como una advertencia para forzar el pago de las cuotas. Hoy, usan dinamita y completan las cargas explosivas en las áreas urbanas. Según fuentes policiales, las tiras de extorsión usan entre 50 y 100 cartuchos de dinamita por mes.
El ataque la semana pasada en Avenue Santa, donde una carga robó una casa y dañó más de 200 propiedades y negocios, muestra que las Mafias tienen alianzas con otras actividades ilícitas, lo que les da acceso directo a documentos explosivos.
¿Dónde están los explosivos? Según la policía y el superintendente nacional del control de los servicios de seguridad, las armas, las municiones y los explosivos para el uso civil (SACAMEC), los derivan de la minería ilegal, la que camuflaba con la etiqueta de “en el proceso de formalización”.
Los menores se inscribieron en el registro de formalización de minas integrales (Reinfo) compran explosivos sin ninguna inspección y luego lo venden en el mercado negro. Aunque son adquiridos legalmente, ya que el reasentamiento está autorizado, se desvían a las organizaciones criminales. Un cartucho de dinamita se vende a 10 plantas en el “mercado muerto”. No es una coincidencia que sean arrestados 5 o 7 delincuentes con artefactos de este tipo.
El vacío legal
Hace cinco años, un cambio a la ley que regula el uso civil de armas de fuego, municiones y explosivos han empeorado el problema. Antes, un oficial de policía se vio obligado a mantener cada envío de dinamita adquirido por menores, desde la compra hasta su transferencia al área de exploración y operación. Cada compra y transferencia tenía guías de remisión verificadas.
Hoy, la situación ha cambiado. La presencia de un oficial de policía no es necesaria, es suficiente de vigilancia privada que no paga las cuentas a la autoridad. La transferencia de la transferencia se ha reducido a un procedimiento burocrático sin garantía de seguridad.
Los Mafias, con la complicidad de los menores con Reinfo, lo aprovecharon. La dinamita que usaron hoy se usa como arma para extorsionar a Trujillo y otras provincias de libertad.
“Los cartuchos de dinamita se venden como pan caliente en el mercado negro. Si el estado no corta el desvío de la explotación informal, la siguiente tragedia podría costar docenas de vidas. Sucede que no hay guardia policial que controle el cargo explosivo, parte de ella puede ser débil para formular un acto advirtiendo lo que sucedió”, dijo una fuente policial.
Ahora, para manipular y usar un explosivo, una autorización del Sucamec es suficiente para tener un polvo donde se almacenará la carga, tiene un personal autorizado para la manipulación y la Voila. La carga explosiva se puede transferir como si fuera una carga de vegetales. Las fuentes han explicado que, incluso, los menores de reinicio que operan en Pataz (Libertad), con sospecha, tienen ruidistas en Arequipa y Tacna, lo que dificulta el control. “La ley es desafortunadamente”, explicaron.
“Destruyen rocas”
El ex miembro de la Unidad de Desactivación de Explosivo de la Policía (UDEX) de la policía, Ángel Santoyo Puicón, estima que el 5% de la dinamita adquirida por menores en la formalización en un mes termina en manos de organizaciones criminales. “De 1000 cartuchos adquiridos, alrededor de 50 van a la extorsión. No hay control”, dijo la exageración, que en los años ochenta y 90 luchó contra el terrorismo.
Para Santoyo Puicón, las consecuencias son destructivas y podrían estar agravadas. Según su experiencia, durante el ataque la semana pasada, utilizaron 15 a 20 cartuchos de dinamita de 5,000 emulsiones. “Con todos sus componentes, es decir con su detonador y su mecha. Un explosivo muy poderoso que se usa para destruir las rocas en las colinas en la extracción ilegal e informal de Pataz. De ahí la destrucción que ha causado en casas y alrededores”, dijo el experto.
En Trujillo, según Santoyo Puicón, solo hay cuatro especialistas en desactivación explosiva. “Tuvimos cinco años, pero fui a retirarme. Ahora solo hay cuatro que tienen que asistir a las emergencias en la desactivación de explosivos en plena libertad”, dijo.
“Es una compañía separada”
Greco Quiroz Díaz, abogado penal regional y ex asesor de Libertad, tiene estimaciones más inquietantes. “Hay una ganancia extrema que explica por qué más del 50% de la dinamita comprada termina legalmente con actividades ilegales. Cada dinamita cuesta entre 20 y 50 plantas”, advierte.
Se pregunta que el estándar actual no obliga a la policía a la actividad a mantener la transferencia y el uso de explosivos. “Menores informales con referencias de” en el proceso de formalización “a los que compran para comprar una gran dinamita con la autorización de Sucamec, pero en la práctica, atribuyen mucho al negocio ilegal, es una compañía separada. Una granja artesanal con una pequeña operación no requiere mil cartuchos de dinamita, dice Quiroz.
Greco Quiroz declara que cada cartucho de dinamita tiene un código estándar, como para las balas. “De esta manera, si se incautan un explosivo en manos de extormistas, el comprador formal que ha desviado el material puede trazarse con precisión. También debe reforzarse hacia Sucamec, proporcionándole ingenieros mineros y articulando sus grabaciones con la dirección del control minero y el manejo regional. Sin esta cruce de información.