Según un estudio reciente del Centro Wiñaq sobre el impacto político de la minería ilegal, cualquier candidato presidencial o el Congreso deberían estar del lado de esta actividad ilegal. De hecho, para la mayoría (65.8%), según los resultados de las encuestas y Grupo de discusiónLa explotación ilegal se percibe como destructiva, muy contaminante, violenta y vinculada a las redes criminales. Por otro lado, solo el 16.9% dijo que esta actividad es positiva para el país porque crean empleos y tienen poco impacto en el medio ambiente. En su mayor parte, esta mina aumenta el crimen, tanto en áreas específicas como en todo el país.
El apoyo a la minería ilegal haría que varios candidatos pierdan a sus votantes, que se han demostrado en contra de esta actividad. Por ejemplo, el 68.8% de los votantes de Keiko Fujimori creen que la extracción informal es negativa para el país, así como el 80% de los votantes de Rafael López Aliaga, 70% Carlos Álvarez, el 80% de López Chau, 58% de Phillip Butters, entre otros.
Por esta razón, la mayoría de los ciudadanos (54.6%) dijeron que en las elecciones generales del próximo año, votaría por un candidato que propone controlar y restringir las actividades de la explotación informal e ilegal en el país. Esta observación es relevante porque obligará a las partes y candidatos a los vínculos con menores ilegales camuflados en informalidad para repensar su posición con respecto a esta actividad. Recuerde que este sector perjudica al estado peruano al escapar del impuesto sobre la renta de 5,200 millones de suelas, el 50% de las cuales debería alcanzar las cuentas de los gobiernos regionales y municipales, y luego traducirse en obras para ciudadanos.
Para el Centro Wiñaq, esta respuesta es parte de una extensión del enfoque de “mano dura” que la población requiere para controlar los efectos de las economías ilegales en la inseguridad cívica, lo que aumenta. Por otro lado, cuando se le preguntó si votaría por un candidato que defiende la explotación ilegal, solo el 8.9% respondió. “La gente no reconoce a ningún político para apoyar la extracción informal. No hay capitales políticas que ganen. Lo ven muy negativamente”, dijo Franco Olcese, socio del Centro Wiñaq.
Del mismo modo, según el estudio, existe la percepción de que la extracción ilegal ejerce una fuerte influencia negativa en el Congreso y que, para evitar esta influencia, los ciudadanos votarían por un candidato que controla o restringiría. El 70.2% consideró que los miembros del Congreso que apoyan las propuestas relacionadas con este tipo de minería, que se realizan sin control legal, fiscal o ambiental, lo hacen porque reciben fondos de actores ilegales.
El estudio también reveló que la mayoría de los ciudadanos (60.5%) dijeron que ninguno de los bancos hizo un buen trabajo con respecto a la minería ilegal, mientras que el 22% dijo que no estaban informados sobre el tema.
La minería ilegal se ha convertido en un problema central para el país, profundamente arraigado en la percepción de los ciudadanos. Ante las elecciones presidenciales, los peruanos tienen claro que no apoyarán a los candidatos para defender esta actividad ilegal. El requisito de control y restricción refleja una queja colectiva para una mayor seguridad, legalidad y justicia.