En diferentes territorios del país donde se han planteado votos en la defensa del agua, para ser esenciales para la vida y las actividades económicas como la agricultura, el progreso minero ilegal sin control por ríos amenazantes, lagos y ecosistemas enteros.
En lugares como Tambogrande, la región de Piura, o Cajamarca y Celendín, la región de Cajamarca, donde hace años, las poblaciones han aumentado a favor de lagunas, ríos y resortes, ahora la minería comienza a imponerse.
Estas operaciones mineras contaminan fuentes de agua destinadas al consumo humano y el ganado y degradan los suelos agrícolas. “Hoy, las mismas fuentes de agua que se han defendido por Cabo y Sword están contaminadas”, explica José de Romaña, director de IPCH.
El avance de esta actividad no se explica solo por su carácter ilegal. También reacciona a la falta de liderazgo de las autoridades nacionales para lidiar con la ilegalidad, porque las instituciones públicas no han podido implementar políticas que ralenten la expansión de las alternativas de desarrollo minero y las garantías para las comunidades.
El vacío de la autoridad ha dejado el campo libre de economías ilegales que, en poco a poco, se convierten en grupos con poder económico e influencia política en varias regiones.
No solo eso. La minería ilegal no solo es próspera por la ausencia del estado, sino también gracias a la complicidad de las autoridades locales y los actores políticos que facilitan su expansión, permitiendo sus operaciones. Es suficiente ver al Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, que legisla a favor de las organizaciones penales y la ilegalidad. Según un reciente estudio del Centro Wiñaq, el 70.2% de los peruanos consideraron que los miembros del Congreso apoyan esta actividad ilegal porque reciben fondos o buscan capital electoral.
Por lo tanto, lo que debería ser luchado de la institucionalidad termina legitimando el poder político. El resultado es la destrucción progresiva de la Amazonía, la contaminación de las fuentes de agua, el despojo de la tierra municipal y la pérdida de oportunidades y recursos económicos que nunca alcanzan el estado porque no pagan impuestos.