Un informe de Bank of America (BOFA), basado en los cálculos del Instituto de la Economía de Peruano (IPE), reveló que Las exportaciones ilegales de oro alcanzarían los $ 12 mil millones, lo cual es equivalente al 4% del producto interno bruto del país este año. Esta cifra es cuatro veces mayor que la registrada hace seis años, en 2019, y casi el mismo volumen de exportaciones legales actuales.
Según Víctor Fuentes, director de políticas públicas del IPE, las estimaciones serían incluso más bajas de lo que realmente representa esta economía. Es decir en los peores escenarios para menores ilegales, La exportación de oro ilegal corresponderá a la producción legal; En lo mejor, lo superará.
Como había advertido el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), el lavado de dinero ocurre en las fábricas de transformación que han aumentado en número y que facilitan que el oro ilegal ingresa al circuito formal. No es extraño que algunas de estas plantas aparezcan hoy entre las diez compañías que producen más oro, aunque no tienen sus propias minas.
José de Echave, economista y ex gestión pública de la gestión ambiental, recordó que el año pasado, hubo alrededor de 90 toneladas de oro, pero 170 fueron exportadas. Asegura que el país vive el tiempo de la mayor diferencia entre las exportaciones y la producción: “Mucho más oro se exporta mucho más de oro de lo que ocurre”.
Según el ex viceministro, las minas ilegales se desarrollan en regiones como Cusco, Apurímac, Piura, ICA o Arequipa. No es sorprendente, agrega, que la actividad se ha multiplicado por cuatro entre 2019 y 2025, un período durante el cual el precio del oro y también el cobre.
Este podría ser el resultado de varios factores, especialmente La falla del Registro de Formalización de Minas Integrales (Reinfo)que en más de una década solo ha logrado formalizar el 2% registrado. Echave también lo atribuye a la falta de voluntad política del gobierno actual, lo que redujo el presupuesto para combatir la minería ilegal en alrededor de 20 millones de suelas. La partida 0-128, destinada a reducir esta actividad, aumentó de 90.8 millones en 2024 a 70.6 millones en 2025.
Con las exportaciones ilegales de oro que ya se comparan con las plantas legales, la transformación de fábricas que blanquean el oro sin sus propias minas y un estado que reduce los recursos para combatirlo, la explotación ilegal continuará creciendo sin escrúpulos.