el banco de Fuerza populara través de la diputada Patricia Juárez, presentó un proyecto que busca reintroducir la figura del jueces sin rostro en procesos contra el crimen organizado, práctica que se aplicó en la década de 1990 y luego se abandonó por violación de derechos fundamentales.
La iniciativa propone que los magistrados actúen de forma anónima, con el argumento de proteger su integridad frente a organizaciones criminales. Sin embargo, tanto el poder judicial como el Ministerio Público han manifestado su rechazo al considerar que esta medida contradice los principios del debido proceso y atenta contra la transparencia de la justicia.
Diversos especialistas recuerdan que esta figura fue eliminada por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de comprobarse violaciones a los derechos de los imputados. Reasentarlo implicaría incumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano.
El debate se produce en un contexto de críticas a leyes recientes que, según los juristas, ya están debilitando la lucha contra la corrupción y el trabajo tributario, como la Ley N° 31751 sobre prescripción de los delitos, la Ley N° 31990, que reduce los plazos para la colaboración efectiva, y la Ley N° 32108, que modifica la definición de organización criminal.
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