La minería ilegal es considerada por la mayoría de los peruanos como una actividad violenta y destructiva vinculada a redes criminales. Así lo muestra un estudio del Centro Wiñaq basado en encuestas Datum y grupos focales realizados en el norte, el sur y Lima. Según el informe, la población también percibe un fuerte impacto en el medio ambiente, la seguridad y la salud pública.
La mayoría de la población, con un 51%, apoya la decisión de fijar un plazo para el Registro Completo de Formalización Minera (Reinfo), mientras que un 34% rechaza cualquier nuevo plazo y cree que estas operaciones deben cerrarse.
El estudio también encontró que el apoyo político a la minería informal tiene un costo electoral. En su mayor parte, los votantes asocian este apoyo con la corrupción y la influencia de intereses ilegales. Más del 70% cree que la minería ilegal influye negativamente en el Parlamento y un porcentaje similar cree que el Congreso recibe dinero de los mineros ilegales.
Sin embargo, se han presentado al Congreso tres proyectos de ley destinados a prorrogar nuevamente el Reinfo, incluso hasta 2029. Algunos legisladores impulsan estas iniciativas a pesar de que la población percibe la minería ilegal como un problema que causa graves daños al país. A los miembros del Congreso no parece importarles el daño causado por esta actividad.
El estudio indica que los miembros del Congreso sobreestiman el apoyo ciudadano a la minería informal o ilegal y subestiman el desgaste político que genera defenderla. Para la mayoría, este tipo de minería sigue siendo una de las principales amenazas a la seguridad, la democracia y el medio ambiente.
Son pocos los congresistas que se oponen a la prórroga de la vigencia del Reinfo, entre ellos la diputada Diana González, quien cuestionó que representantes de los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente guarden silencio sobre este tema.
También observó que la Comisión de Energía y Minas del Congreso pretende priorizar la propuesta de extender Reinfo por un año más y reincorporar a 50.000 mineros que no completaron su formalización antes de junio, en lugar de debatir la nueva ley de MAPE.
