El Poder Judicial admitió haber tramitado la solicitud de amparo presentada por el expresidente Dina Boluarte contra el Congreso de la República, por el cual solicita la cancelación del cargo vacante por incapacidad moral permanente aprobado en su contra y pone en duda el procedimiento parlamentario que condujo a su salida del cargo.
Según resolución emitida por la Primera Sala Constitucional de Lima, el tribunal declaró procedente la solicitud y La audiencia única estaba prevista para el 12 de marzo de 2026. Asimismo, dio al Congreso un plazo de 10 días hábiles, a partir de la notificación oficial, para presentar su respuesta.
En el recurso constitucional, la expresidenta alega que durante la tramitación de las solicitudes de vacancia se vulneraron sus derechos fundamentales, en particular el derecho a la defensa y al debido proceso. De acuerdo con lo anterior, las iniciativas parlamentarias habrían sido presentadas, admitidas y aprobadas en un plazo inferior a 24 horas, lo que, según el planteamiento, habría limitado la posibilidad de responder adecuadamente a las preguntas.
El juicio también cuestiona la aplicación de la causa de incapacidad moral permanente, destacando que no se precisó en qué consistió la acusación y que no estuvo sustentada en elementos objetivos que sustenten la decisión del Parlamento.
Sin embargo, incluso si la Sala Constitucional emite una decisión favorable después de la audiencia programada, Esto no implicaría un reintegro inmediato en sus funciones. En efecto, la Ley N° 32153, que modificó el nuevo Código de Procedimiento Constitucional, establece que La ejecución o aplicación inmediata de medidas cautelares no resulta procedente en el marco de un procedimiento de amparo contra las decisiones del Congreso.
En este escenario, cualquier decisión que declare la nulidad de la vacancia sólo podría ejecutarse previa decisión de la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, órgano encargado de resolver un posible recurso. Debido a la carga procesal existente, Una resolución final podría tardar alrededor de un año.lo que coincidiría con el fin del periodo constitucional 2021-2026.
Ante esta posibilidad, la defensa jurídica de Boluarte solicitó que, de dictarse sentencia después de finalizado el período presidencial, se declarara nula la calificación de incapacidad moral permanente, al considerar que ello habría afectado su honra y reputación ante la opinión pública.
El proceso constitucional continuará conforme a los plazos establecidos, mientras que el debate jurídico pasará al ámbito judicial y quedará a la espera de una posible decisión de autoridades superiores.
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