José Jeri tuvo la la oportunidad de observar leyes aprobadas por el Congreso que advierten sobre riesgos para la seguridad, los derechos humanos y el control de las economías ilegales. Él no lo hizo. Más bien, durante su gobierno, después de la vacancia de Dina Boluarte, simplemente promulgó una serie de regulaciones cuestionadas que iban desde la minería informal hasta retrocesos en la educación y disposiciones de advertencia contra el crimen organizado.
El presidente interino formalizó este viernes 26 el Registro Completo de Formalización Minera (Reinfo), ampliando el proceso de formalización minera hasta el 31 de diciembre de 2026, es decir, hasta la entrada en vigor de la nueva Ley de Pequeñas Minas y Minas Artesanales (MAPE) y su reglamento.
Esta norma, aprobada por el Congreso y ahora publicada en El Peruano, continúa un proceso que, para Máximo Franco Bequer, presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Artesanal del Perú (Confemin), no es una solución de fondo, sino algo momentáneo. “Me parece que el año que viene vamos a tener lo mismo: huelgas y movilizaciones, lo cual es una gran decepción por parte de las autoridades, porque realmente no están comprometidas con resolver la formalización minera”, afirmó.
Retroceso en la educación sexual
Apenas dos días antes de la promulgación de Reinfo, el Ejecutivo formalizó la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (Ley N° 32535), aprobada por el Congreso, que elimina la Educación Integral en Sexualidad (ESC) del currículo escolar y la reemplaza por una educación enfocada en aspectos “biológicos y éticos”. La norma fue impulsada por la diputada de Renovación Popular y pastora evangélica Milagros Jáuregui, quien a través de sus funciones promueve discursos conservadores que limitan el énfasis de género en las políticas públicas.
Jerí promulgó la ley Fujimori pese a advertencias sobre narcotráfico
Poco antes, el portal Epicentro reveló que Jerí había promulgado una ley impulsada por siete diputados de Fuerza Popular que permite autorizar una carretera en una zona cocalera fuertemente vigilada por el narcotráfico y el crimen organizado. El proyecto ha recibido advertencias de autoridades y expertos que temen que la infraestructura facilite la movilidad de mercancías ilícitas y fortalezca las redes criminales que operan en estos corredores rurales.
Negación del impacto de las “leyes pro-crimen”
Uno de los puntos centrales de las críticas a Jerí fue su negación de que las llamadas leyes “pro-crimen” aumentaran la inseguridad. Tras la aprobación de estas ocho normas, el presidente aseguró que no consideraba que estas leyes fomentaran actividades delictivas y minimizaran advertencias como la del Colegio de Abogados, que pidió su urgente derogación.
