El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosicuestionó el poder judicial luego de que la VI Corte Constitucional de Lima declarara inaplicable la ley que modificó las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), dentro del proceso vinculado al Instituto de Defensa Legal (IDL).
La resolución judicial provocó una reacción inmediata del presidente del Parlamento, que cuestionó el papel del poder judicial dentro del sistema democrático y su relación con otros poderes estatales. A través de un comunicado público, Rospigliosi sostuvo que el PJ no aplica determinadas normas aprobadas por el Congreso y promulgadas por el Ejecutivo.
“El PJ debe aplicar las leyes aprobadas por el Congreso y promulgadas por el Gobierno. Así funciona la división de poderes. Pero eso no sucede en el Perú”, afirmó el parlamentario, subrayando que ciertas decisiones jurisdiccionales responderían a criterios ideológicos más que a una interpretación estricta de la ley.
En la misma línea, Rospigliosi atribuyó estas acciones a supuestas influencias de ciertos sectores del sistema de justicia y dijo que hay normas que no se cumplen porque no convienen a estos grupos. En la parte final de su declaración, el legislador habló de la necesidad de adoptar “soluciones radicales” y llamó a “barrer” el poder judicial.
Las declaraciones del presidente encargado del Congreso se dan luego de que el Instituto de Defensa Legal se pronunciara sobre la decisión a su favor. En un comunicado, la organización sostuvo que la resolución judicial representa un restablecimiento de derechos y una garantía de acceso a la justicia.
“Esta decisión constituye un acto de restauración de los derechos de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil a acceder a la justicia y a la verdad”, declaró el IDL, enfatizando la importancia de la decisión en la defensa de los derechos fundamentales.
La polémica vuelve a poner en tela de juicio las relaciones entre el Congreso y el poder judicial, así como los límites de la acción de cada poder del Estado en un contexto de creciente tensión institucional.
