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Denuncias por franja electoral sacuden a PLG en campaña – Peru vision digital

Él Partido político Pueblo Primero (PLG) atraviesa una nueva crisis interna en plena campaña electoral, tras denuncias por supuestas irregularidades en el uso de los recursos públicos asignados a su franja electoral. La situación fue reconocida por su candidata presidencial, Marisol Pérez Tello, quien criticó al fundador del grupo, Miguel del Castillo Reyes, por haber dirigido parte de esos fondos a un medio de comunicación vinculado a él.

Álvarez planea renunciar a su candidatura por polémica con la banda electoral

Según la dirigencia partidaria, se detectó que 416 mil S/ del presupuesto otorgado por la ONPE para propaganda electoral fueron destinados a ABRA Producciones SAC, empresa vinculada al canal Nativa, lo que representa casi el 30% del total asignado al PLG. Según el partido, esta decisión se tomó unilateralmente, sin autorización de órganos internos, configurando un supuesto conflicto de intereses y un grave incumplimiento ético.

Pérez Tello informó que, tras conocerse los hechos, Miguel del Castillo fue suspendido como activista y dirigente y que actualmente no ocupa ningún cargo ni candidatura en ningún partido. Asimismo, destacó que ella, los vicepresidentes de su agrupación y el secretario de comunicación pusieron el caso en conocimiento de la Dirección de Supervisión de Fondos Partidos de la ONPE y pidieron renunciar al uso de publicidad contratada con el canal en cuestión, a fin de salvaguardar la credibilidad del partido.

Diez partidos bajo control de la ONPE para el manejo de fondos estatales

En medio de la polémica, Del Castillo presentó su renuncia irrevocable a su candidatura a diputado por la Región Lima Metropolitana, la cual fue aceptada por el jurado electoral especial Lima Oeste 3. Aunque negó el envío de fondos y adujo motivos personales, PLG indicó que su salida fue solicitada por la dirección. Además, dirigentes partidistas advirtieron que la banda electoral, dado que se financia con dinero público, debe ser supervisada para evitar comisiones indebidas y posibles responsabilidades administrativas o penales.

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