Perú conmemora un nuevo 8 de marzo con cifras que reflejan una violencia apoyado contra las mujeres y un escenario normativo en debate. Más de 130 mujeres fueron víctimas de feminicidio el año pasado, según informes oficiales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), mientras miles de casos de violencia física, psicológica y sexual continúan siendo atendidos en los centros de emergencia para mujeres de todo el país.
En Ayacucho, el movimiento Manuela Ramos Advirtió que esta fecha no es una celebración, sino una memoria y una reivindicación frente a las desigualdades estructurales que afectan a mujeres, niñas y adolescentes. La organización argumentó que la violencia sigue siendo la brecha más grave y visible, con impactos que empeoran en las zonas rurales donde el acceso a los servicios estatales es limitado.
El contexto actual también incluye un elemento político. El Congreso modificó la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, introduciendo cambios en las referencias al enfoque de género y la educación sexual integral. El grupo enfatizó que estas variaciones pueden influir en el diseño de políticas públicas orientadas a prevenir la violencia y reducir las brechas históricas.
A nivel nacional, datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) muestran que los embarazos adolescentes persisten, especialmente en contextos de pobreza. Especialistas han advertido que la maternidad temprana limita la continuidad educativa y reduce las oportunidades de integración profesional formal, lo que afecta directamente los ingresos y los niveles de desarrollo.
El mercado laboral también refleja desigualdades. Según cifras oficiales, las mujeres en Ayacucho tienen mayores tasas de informalidad y menores ingresos promedio que los hombres. A esto se suma la sobrecarga de tareas domésticas y de cuidados no remunerados, que pesan principalmente sobre ellas y restringen su autonomía económica.
En el ámbito político, aunque las mujeres representan el 50,43% de las listas electorales –según el Jurado Nacional de Elecciones– su presencia en los cargos electos regionales y locales sigue siendo limitada. Actualmente, menos del 10% de los gobiernos regionales están liderados por mujeres, pese a la vigencia de los estándares de paridad y alternancia.
Ante este panorama, el movimiento llamó a un voto informado en las próximas elecciones del 12 de abril, enfatizando que las decisiones de las autoridades impactan en la continuidad o modificación de políticas vinculadas a derechos fundamentales como la vida, la salud, la educación y una vida sin violencia.