El inicio del ciclo escolar en establecimientos públicos de educación básica regular moviliza más de seis millones de estudiantes en 55.000 instituciones educativas en todo el país. Sin embargo, el proceso se da en medio de una advertencia del propio sector educativo: Casi la mitad de las escuelas públicas tienen condiciones inseguras en sus instalaciones. infraestructura o en servicios básicos.
Él Viceministra de Gestión Institucional Ministerio de Educación del Perú, Walter Borjainformó que El 48% de las instituciones de educación pública del país no cuentan con condiciones básicas adecuadas para garantizar un entorno de aprendizaje seguro.
Según explicó el funcionario, esta situación implica que miles de escuelas faltan infraestructura segura, acceso a agua potable, saneamiento o conectividadelementos considerados fundamentales para el buen funcionamiento del sistema educativo.
“La mayoría de estas escuelas están ubicadas zonas rurales de pobreza y pobreza extrema“, dijo el Viceministro, destacando que en estos territorios predominan los establecimientos educativos. multigradoes decir, escuelas donde un mismo profesor atiende a alumnos de diferentes niveles en una sola clase. En otros casos, los centros educativos sólo ofrecen niveles inicial y primario.
Borja sostuvo que esta realidad refleja la brechas históricas en infraestructura educativa y destacó la necesidad de promover políticas públicas que prioricen las inversiones en la construcción, mantenimiento y equipamiento de las escuelas, con planificación para optimizar los recursos estatales.
A la par del inicio del ciclo escolar, el sector Educación indicó que distribuyó más de 13 millones de unidades de materiales educativos a todas las regiones del país. Estos incluyen textos escolares preparados en 32 idiomas nativoscon el objetivo de fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes en diversos contextos culturales.
Las autoridades también recordaron que La compra de equipo adicional no puede estar condicionada a la escolaridad.Por lo tanto, las escuelas no pueden exigir la adquisición obligatoria de textos u otros útiles para la matriculación de los estudiantes.
