A pocos meses de finalizar su mandato, el Consejo de Administración de Congreso aprobó una medida que hace indefinidos los contratos de un grupo de trabajadores, lo que ha generado cuestionamientos en diferentes sectores.
El acuerdo, publicado el 29 de diciembre de 2025 mediante Acuerdo 101-2025-2026/MESA-CR, establece que los servidores con más de cuatro años de trabajo ininterrumpido bajo el Decreto Legislativo 728 pasarán de contratos de duración determinada a contratos indefinidos. Esta reforma elimina la fecha de vencimiento de sus relaciones laborales y establece que sólo podrán ser despedidos por justa causa, despido arbitrario o indemnización.
Esta disposición también incluye a los trabajadores con más de cinco años de servicio acumulado bajo los regímenes 728 y/o Contrato de Servicios Administrativos (CAS), así como a aquellos con más de diez años de servicio discontinuo bajo estas modalidades.
Según el documento, la medida beneficia a un total de 11 trabajadores que cumplen con los requisitos establecidos. La propuesta fue impulsada por el Sindicato de Trabajadores del Congreso (Sitracon) y contó con el apoyo del sector de asesoría jurídica y de la Oficina de Planificación, Presupuesto y Modernización, que informó la disponibilidad de recursos para su implementación.
Sin embargo, la decisión generó críticas. El constitucionalista Alejandro Rospigliosi calificó el acuerdo de “grave” y dijo que debe ser investigado por la Contraloría General de la República y el Ministerio Público. Según él, la necesidad de adoptar una medida de este tipo no estaría justificada en la situación actual, dada la importancia de la nómina del Congreso y su presupuesto anual.
Asimismo, advirtió que la decisión podría responder a un posible favoritismo, ya que fue aprobada a pocos meses de finalizar la legislatura. También cuestionó que no se aprobara el estatuto parlamentario que, según señaló, buscaba establecer mecanismos de control en la contratación de personal.
El acuerdo se produce en un contexto donde el Congreso mantiene una plantilla de alrededor de 4.000 trabajadores y un presupuesto anual cercano a los 1.700 millones de soles, lo que ha reavivado el debate sobre la gestión de recursos humanos en el Parlamento.
