Este miércoles 8 de abril el gobierno aprobó la Política Nacional de Pueblos Indígenas (PNPI) para 2040, considerada un paso importante en la agenda de derechos colectivos en el Perú, luego de más de seis años de diálogo, propuestas técnicas e incidencia desde organizaciones indígenas amazónicas y andinas.
La formalización se llevó a cabo mediante la firma de un decreto supremo durante un acto realizado en Palacio de Gobierno, en presencia de líderes de organizaciones indígenas de ámbito nacional. El presidente José Balcázar firmó la norma que da luz verde a la primera política pública nacional dirigida específicamente a los pueblos originarios o indígenas.
El PNPI recoge las demandas históricas de estos pueblos y reconoce un proceso impulsado por sus propias organizaciones, con el objetivo de garantizar el respeto a sus derechos, territorios, culturas y formas de vida.
“Este es un logro de los pueblos indígenas que es el resultado de años de trabajo, propuestas e incidencia. Esperamos que esta política no se quede en el papel, sino que se implemente efectivamente para garantizar nuestros derechos”, dijo Julio Cusurichi, directivo de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
La política beneficiará a cerca de 6 millones de personas pertenecientes a 55 pueblos indígenas y apunta a orientar la acción del Estado hacia la garantía efectiva de sus derechos colectivos, como parte de la construcción de un país más justo e intercultural.
AIDESEP, organización que participó activamente en el proceso, reafirmó su compromiso de monitorear el cumplimiento e implementación de la política, así como continuar impulsando acciones de incidencia a favor de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana.
El proceso de elaboración del PNPI contó con la participación articulada de diversas organizaciones indígenas nacionales, entre ellas AIDESEP, la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Indígenas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP), la Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA) y Central Única de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P).
Con esta aprobación, el Estado peruano da un paso clave hacia el reconocimiento y protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, aunque el principal desafío, según sus representantes, será asegurar su efectiva implementación en los próximos años.
