La Dirección de Investigaciones Criminales (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP) reconoció al presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, por el apoyo del Parlamento a la institución policial a través de la aprobación de normas encaminadas a fortalecer las investigaciones criminales.
El acto se desarrolló en la sede de la Dirincri, en Cercado de Lima, con la presencia de oficiales, suboficiales y personal civil. Durante el evento, el jefe de la unidad, general Víctor Revoredo Farfán de la PNP, destacó el apoyo legislativo recibido en la lucha contra el crimen organizado.
“Esta es una muestra de agradecimiento por el apoyo brindado por el Parlamento a la Dirincri en la lucha contra el crimen”, declaró el alto funcionario policial.
Como parte del protocolo, Rospigliosi recibió una placa de reconocimiento y una gorra institucional por parte de la PNP, como muestra de coordinación entre el poder legislativo y la institución policial.
Sin embargo, este reconocimiento ha generado interrogantes en diversos sectores. Rospigliosi fue juzgado en primera instancia por difamación, lo que ha sido destacado por los críticos como un elemento controvertido en el actual contexto político y electoral.
Asimismo, el parlamentario destacó la aprobación de la Ley 32130, que devuelve a la Policía Nacional la facultad de abrir averiguaciones previas, función que antes recaía en el Ministerio Público. Según él, esta norma fortalecerá la capacidad operativa de la PNP contra delitos como la extorsión, el sicariato y el crimen organizado.
Sin embargo, el fiscal advirtió que esta ley podría “desnaturalizar el modelo de investigación criminal” y generar conflictos de competencia entre la policía y el fiscal.
A esto se suman las críticas a la llamada ley de amnistía, impulsada por el Congreso, que, según organizaciones de derechos humanos, podría promover la impunidad en casos de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos advirtió que podrían verse afectados más de 150 casos con sentencia condenatoria firme y cerca de 600 procesos en curso por delitos como ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas.
Pese a las críticas, la Dirincri destacó que los recientes resultados en el desmantelamiento de organizaciones criminales responden al fortalecimiento de la normativa y al trabajo coordinado entre unidades policiales, basado en ejes como la investigación criminal, el control territorial y la cooperación interinstitucional.