Los gobiernos regionales y locales han recibido un avance del cañón minero de más de 1.900 millones de suelas: 1,507 millones de 345,000,989 para regiones y 403 millones de 311,000,420 para municipios. Esta fuente de ingresos proviene del 50% del impuesto sobre la renta pagado por las compañías mineras en el estado peruano. Este fondo debe ser para el desarrollo local, pero su distribución y uso no siempre son transparentes.
Martín Valencia, especialista en el Instituto de Economía peruano (IPE), explicó que los costos se calculan sobre la base de las ganancias netas de las compañías mineras, un cálculo complejo que considera variables como el precio de los metales, la producción y los costos operativos. Esta fluctuación significa que estos ingresos pueden variar de un año a otro.
Según el especialista, la distribución del Canon asigna el 10% a los municipios del distrito donde se extraen recursos, el 25% de los municipios provinciales donde las operaciones son del 40% a los otros municipios del departamento y el 25% en el gobierno regional.
Sin embargo, algunos gobiernos regionales, como Apurímac, no han recibido el avance de enero. La razón radica en las ventas en espera de la deducción de años anteriores. En esta etapa, es necesario especificar que la entrega completa de los costos depende de la regularización de los impuestos realizados por las grandes compañías mineras hasta abril. No puede ser, de acuerdo con el especialista, específicamente y transparente las cantidades que se transferirán a las regiones beneficiarias y los municipios, como se ha hecho en ciertas regiones.
En Apurímac, por ejemplo, la espera se generó en un posible ingreso récord de más de 1,000 millones en cañón en 2024. Sin embargo, según Martín Valencia, estas proyecciones deben tratarse con cautela, ya que esta cifra es equivalente al triple de lo que se recibió en 2022, el año en que los precios menores han alcanzado niveles récord.
Destino de barril
La efectividad en el uso de estos recursos ha sido cuestionada debido a la falta de capacidad administrativa local y la posible corrupción. Para Martín Valence, el cañón minero debe invertirse en proyectos que mejoren la calidad de vida de la población. Sin embargo, advierte que el esquema de distribución actual merece un examen, ya que generó inconvenientes al no satisfacer las necesidades locales.
Valence destaca la necesidad de planificar el gasto público, ya que muchos municipios carecen de capacidad técnica para formular y ejecutar proyectos. Indica que el gobierno nacional fortalece estas capacidades, gracias a un proceso de capacitación de funcionarios públicos para garantizar el uso efectivo y transparente del dinero.
