Quizás después de las elecciones generales, regionales y municipales de 2026, muchos alcaldes y gobernadores, miembros del Congreso o Presidente ya no representarán al estado, sino a los intereses de las economías ilegales.
Según el estudio Tendencias y alertas 4 – Estimaciones de ahorros ilegales en PerúExiste el alto riesgo de que estas finanzas de MAFIA 2,368 campañas presidenciales, 57,728 campañas del Congreso y más de 51,000 campañas regionales, según los cálculos del estudio.
Y los menores ilegales serían los más interesados en hacerlo. Tienen mucho dinero para hacerlo. Ganan más de $ 4.6 mil millones al año, lo que lo ha convertido en el ilícito más lucrativo que el tráfico de drogas y el contrabando.
Según el estudio, en 2026, los menores podrían fortalecer las elecciones de los miembros del Congreso que defienden sus intereses, así como para tener personas funcionales en gobiernos regionales y municipios con representantes.
Actualmente hay autoridades que defienden sus intereses. Según César Ipeenza, un abogado especializado en derecho ambiental, los menores ilegales tienen un banco multipartito en el Congreso. De hecho, parece que lo es. Los bancos que promovieron o apoyaron las leyes a favor de estos menores de menores, fueron la fuerza popular, Avanza País, Pérou Libre, Populaire Action, Alliance for Progress, somos Perú, renovación popular y Podemos Pérou.
Estrategia de infiltración
Los especialistas se refieren a que el riesgo en la próxima campaña es infiltrarse en todo el proceso electoral: desde la afiliación a las partes, la selección de candidatos, la influencia en las agendas locales y el debate público, hasta llegar al poder. Moverán dinero sucio en el campo, tal vez mediante el uso de fundaciones y donaciones, compañías de fantasmas y testaferros, pago a consultores y asesores, manipular encuestas y pagar publicidad política en los medios de comunicación.
Lo que sucedió con la formalización del Registro de Formalización de Minas Completas (Reinfo) es un pequeño ejemplo de lo que los menores podrían hacer con un banco en el Congreso y una presencia en los gobiernos subnacionales.
Este es un modelo, según el informe, en el que los ahorros ilegales han aprendido a “producir” candidatos vinculados, infiltrando partidos o líderes locales financiados que se pueden elegir. Se garantizan los operadores del sistema, la protección y la impunidad.
Desde el estado, no se hace mucho para controlar la infiltración del dinero sucio en el campo. La inteligencia financiera no se refuerza, y el origen de las contribuciones de la campaña no se audita, ya que son necesarios más que estándares éticos y verificables para los partidos y los candidatos.
