El Tribunal Constitucional (TC) ordenó el archivo de Caja de cócteles, durante el cual la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otras 14 personas involucradas fueron investigadas por lavado de dinero y pertenencia a organización criminal. El fallo, apoyado por cinco jueces, concluyó que el cargo se relacionaba con aportes económicos a las campañas presidenciales de 2011 y 2016. “carecía de fundamento jurídico”.
Según la resolución, los magistrados argumentaron que antes de noviembre de 2016 recibir dinero con fines de campaña política no era considerado un delito de lavado de dinero. Por ello, consideraron inválido el proceso seguido por el Ministerio Público. Sin embargo, el TC aclaró que la sentencia “no declara ni inocencia ni culpabilidad” de Fujimori, sino que anula el proceso judicial por falta de fundamento jurídico.
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Sin embargo, la decisión provocó fuertes reacciones. EL la expresidenta del TC, Marianella Ledesma, Calificó la decisión como “claramente inconstitucional”. En declaraciones a los medios, cuestionó si se había utilizado el hábeas corpus para anular una investigación penal, a pesar de que Fujimori no enfrenta una amenaza a su libertad personal.
“Se ha creado un mensaje jurídico para quienes no tienen derecho a ser protegidos por este mecanismo”, advirtió.
El fiscal del grupo de trabajo Lava Jato, José Domingo Pérez, criticó duramente la resolución. En entrevista con La República, destacó que esta decisión “es parte de un conjunto de sentencias que debilitan la lucha del Estado contra la criminalidad”. Advirtió además que la decisión del TC podría impactar otros procesos emblemáticos, como los que involucran al expresidente Ollanta Humala y a la exalcaldesa Susana Villarán.
Pérez también lamentó que la Corte no tomó en cuenta las confesiones de la empresa brasileña Odebrecht, que reconoció el financiamiento de campañas políticas en Perú.
“La única manera de impedir que Fujimori respondiera ante la justicia era la justicia constitucional”, dijo, insinuando influencia política en la actual composición del TC.
En otra entrevista, para Hildebrandt en Trece, el fiscal no descartó la posibilidad de dimitir del ministerio público, considerando que esta decisión responde a “razones políticas y no jurídicas”. También advirtió que “el ataque continuará” contra los fiscales que investigan casos de corrupción.
Por su parte, Keiko Fujimori reapareció públicamente para respaldar la decisión y defendió la legitimidad de los aportes recibidos por Fuerza Popular. Si bien no descartó que su partido pueda presentar una denuncia contra los fiscales Pérez y Rafael Vela, evitó responder si el Congreso -dominado por partidos vinculados al fujimorismo- influyó en la elección de los actuales magistrados del TC. “Cada miembro de la Corte tiene una amplia experiencia”, afirmó.
La decisión también provocó la reacción del expresidente Ollanta Humala, quien aseguró que “luchará por su libertad”, dado que la decisión del TC sienta un precedente.
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