Los “XX Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025” dejaron dos realidades claramente contrastadas: un triunfo deportivo histórico para el Perú y, al mismo tiempo, una serie de fallas organizativas que revelaron la crisis estructural del deporte nacional.
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El certamen reunió a más de 4 000 atletas de 17 países que compitieron en 45 disciplinas. Perú ocupó el tercer lugar del medallero general y rompió su propio récord de preseas, logrando ovaciones para el “Team Perú” y consolidando a Ayacucho como una sede vibrante que, por primera vez, acogió delegaciones internacionales y prensa extranjera a gran escala.
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Sin embargo, detrás del éxito deportivo se encendió un caos institucional. A pocos días de inaugurarse los juegos, el Gobierno cambió al presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), removiendo a Federico Tong y designando a Sergio Ludeña. El relevo ocurrió cuando procesos claves —hospedaje, alimentación, transporte, logística para jueces y personal técnico— seguían inconclusos. La transición dejó documentos sin firmar, retrasos inevitables y una organización que operó al límite de la improvisación.
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En los primeros días se registraron quejas por hoteles con capacidad insuficiente, buses escasos, viáticos pendientes, alimentos entregados tarde y sedes con implementos incompletos. A la misma crisis logística se sumó una polémica externa: la aprobación de una contratación directa superior a 3 millones de soles para la llamada “Casa Perú”, un proyecto estético que consistió principalmente en mejorar la fachada del Comité Olímpico Peruano (COP). El gasto contrastó con las denuncias de deportistas que reclamaban falta de colchonetas, materiales básicos y transporte oportuno.
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El congresista Carlos Zeballos solicitó a Renzo Manyari, presidente del COP, una rendición de cuentas por el uso de recursos públicos en un evento que, en teoría, debía priorizar el bienestar de los atletas. La controversia creció cuando el presidente de la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO), Baltazar Medina, describió los juegos como “básicos”, expresión que fue interpretada como una señal del estándar mínimo con el que Perú asumió la organización.
Hacia el final del evento, Manyari responsabilizó públicamente al IPD, asegurando que la institución estatal fue la “unidad ejecutora” de los juegos y, por lo tanto, la principal responsable del desorden logístico.
En lo deportivo, los Bolivarianos 2025 reafirmaron el crecimiento del alto rendimiento peruano. En lo institucional, evidenciaron tensiones políticas, disputas entre entidades, gasto cuestionado y una estructura deportiva que exige transparencia, continuidad y planificación real.
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