Él presidente interino de la República, José Jerituvo una debida diligencia clave ante el Ministerio Público en medio de crecientes cuestionamientos sobre su conducta y la falta de transparencia en su gestión. El Presidente respondió a la investigación previa en curso por presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses privados y tráfico de influencias, en el caso conocido como “Chifagate”, que se refiere a reuniones privadas no grabadas y acceso irregular a Palacio de Gobierno.
La declaración fue tomada en Palacio por el fiscal interino, Tomás Gálvez, quien viajaba con un equipo de fiscales y representantes de la Procuraduría General de la República. Jerí hizo uso de una prerrogativa reconocida por el Tribunal Constitucional, que le permite determinar el lugar de su interrogatorio y limitar el número.
Luego de la diligencia, el fiscal Gálvez informó que el presidente había autorizado el levantamiento del secreto de sus comunicaciones y se había comprometido a entregar el informe de llamadas de los números que había utilizado. La medida tiene como objetivo aclarar reuniones que no aparecen en registros oficiales, incluida una reunión del 26 de diciembre de 2025 con el empresario Zhihua Yang, celebrada en un restaurante de San Borja. Jerí sostuvo que se trataba de una actividad para “Día de la Amistad Perú-China” y Restó importancia a la omisión del documento, atribuyéndola a su “dinámica de trabajo”.
La Fiscalía también investiga el ingreso al Palacio del empresario Ji Wu Xiaodong, acusado de tráfico ilegal de madera, así como el episodio del 6 de enero de 2026, cuando Jerí ingresó a un local clausurado por la municipalidad de Lima. Aunque el presidente aseguró que solo había ido a “comprar dulces”, las autoridades buscan determinar si hubo alguna intervención inadecuada.
Aunque la investigación contra el presidente es preliminar y constitucionalmente limitada, el caso revela una vez más un patrón preocupante: reuniones encubiertas, explicaciones poco convincentes y recurso constante a vacíos legales.
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