La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició visitas de supervisión a las sedes de diez partidos políticos que recibieron financiamiento público directo durante el año 2025, con el objetivo de verificar que los recursos estatales han sido utilizados de acuerdo con la normativa vigente. La medida alcanza a organizaciones que obtuvieron representación en el Congreso en las elecciones generales de 2021.
Los partidos supervisados son Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Juntos por el Perú, Somos Perú, Podemos Perú y el Partido Morado, que están obligados informar anualmente sobre el uso de los fondos públicos que reciben.
Según la ley sobre formaciones políticas, hasta el 50% de la financiación puede destinarse a gastos operativos, como personal, servicios, consultores y bienes necesarios para el trabajo del partido. El porcentaje restante deberá destinarse, como mínimo, a actividades de formación, investigación y divulgación, según criterios de igualdad y no discriminación.
Durante las visitas, los auditores de la ONPE examinan la documentación administrativa, contable y financiera, así como el inventario de bienes adquiridos con fondos públicos. Al final de cada inspección se levanta un informe con las observaciones, que las partes deberán subsanar en el plazo de cinco días hábiles. Los resultados finales serán evaluados para determinar posibles sanciones y publicados en la plataforma digital de CLARIDAD, como parte del proceso de transparencia.
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