La Justicia condenó al oficial retirado del Ejército Roberto Villar Chamorro a 20 años de prisión efectiva por el asesinato alevoso y con gran ensañamiento de ocho personas en Huánuco, entre ellas dos menores de 6 y 14 años y una persona mayor, hechos ocurridos en 1994.
Según confirmó la Procuraduría de Derechos Humanos, Villar Chamorro (quien luego se integró al grupo Chavín de Huántar) comandaba una patrulla militar de la base antisubversiva de Tingo María como parte del operativo denominado “Paraíso”, responsable de la detención arbitraria y posterior ejecución de las víctimas en el caserío Cayumba Chico, provincia de Leoncio Prado.
Durante el juicio se presentaron testimonios y pericias forenses que demostraron el nivel de violencia ejercida contra la población civil. Las autopsias confirmaron heridas de arma blanca y de arma de fuego, incluso a una niña de seis años y a una persona mayor, hechos que los magistrados calificaron como actos de extrema crueldad, presentando características de crímenes de lesa humanidad.
Además de la pena privativa de libertad que se extenderá hasta 2045, el condenado deberá pagar una reparación civil de 100 mil soles por cada víctima, sumando un total de 800 mil soles en solidaridad con el Estado peruano, considerado tercero civil responsable en el proceso.
En su decisión, los jueces rechazaron la aplicación de la Ley N° 32419 (que otorgó amnistía a miembros de las fuerzas armadas y policiales por hechos ocurridos entre 1980 y 2000), al considerar que viola el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia, reafirmando que estos crímenes no pueden quedar impunes.
El caso, iniciado en 1994, permaneció paralizado durante varios años y recién se reactivó en 2025 tras la captura de Villar Chamorro en Chorrillos. Después de más de tres décadas de espera, los familiares de las víctimas finalmente obtuvieron una condena que sienta un precedente en la lucha contra la impunidad de las violaciones de derechos humanos en el país.
