El Subsecretario General de la Presidencia declaró improcedente la solicitud para que el Estado cubra los gastos de defensa jurídica del expresidente Dina Boluarte en la investigación en curso por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
La decisión se adoptó luego de que la Procuraduría General evaluara la solicitud presentada por el expresidente y la disposición fiscal correspondiente. En su análisis, el ámbito jurídico concluyó que los hechos investigados -vinculados a un presunto incremento patrimonial en relación con los ingresos obtenidos durante el ejercicio de su mandato entre marzo y diciembre de 2024- no están vinculados con el ejercicio regular de sus funciones como Presidenta de la República.
Según el documento oficial, el presunto delito consiste en un aumento injustificado de bienes muebles, que no constituye ni resulta del ejercicio de facultades o decisiones inherentes al cargo. En este sentido, se determinó que no corresponde otorgar el beneficio de defensa y asesoría jurídica con los recursos de la Presidencia de la República para este caso específico.
Sin embargo, el subsecretario general autorizó al Estado a financiar la defensa de Boluarte en otras cuatro investigaciones fiscales.
El primer proceso corresponde al presunto delito de falsificación de genéricos en el denominado caso Cirugía. Según la tesis fiscal, la expresidenta habría firmado reglamento oficial en las fechas en las que, según documentación y testimonios médicos, se encontraba en reposo postoperatorio luego de un procedimiento quirúrgico realizado el 28 de junio de 2023. La investigación sostiene que ese estado habría continuado durante su estancia en la clínica y posteriormente en su domicilio.
Asimismo, la presidencia autorizó la cobertura de su defensa en investigaciones sobre presuntas lesiones leves y graves vinculadas a muertes registradas durante protestas contra su gobierno entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
El cuarto procedimiento se refiere al presunto delito de corrupción. Según la hipótesis del fiscal, la expresidenta habría intervenido directa o indirectamente para evitar o paralizar investigaciones fiscales que involucraran a personas de su entorno, mediante coordinación con asesores. También se le acusa de haber solicitado el archivo de investigaciones en su contra y su hermano, como parte de un supuesto acuerdo que habría incluido decisiones administrativas como la destitución del jefe de la Sunat.
Con esta resolución, la Presidencia delimita el alcance del beneficio de la defensa jurídica del Estado, distinguiendo entre procedimientos relacionados con el ejercicio de la función pública y aquellos que, según el análisis jurídico interno, serían de carácter estrictamente personal.
