el gobierno de José María Balcázar aprobó el plan nacional Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad 2026-2028una estrategia que tiene como objetivo fortalecer la respuesta del Estado ante el aumento de la delincuencia en el Perú y fortalecer la coordinación entre las instituciones encargadas de combatir la delincuencia. delincuencia.
La medida fue oficializada mediante Decreto Supremo N° 001-2026-IN, publicado en el Diario Oficial El Peruano, y forma parte de las políticas del Sistema Nacional de Seguridad ciudadana (Sinasec). El documento establece lineamientos para que las entidades públicas articulen acciones contra el crimen organizado, el sicariato y otras modalidades criminales que afectan a diferentes regiones del país.
Al presentar el plan, el presidente José María Balcázar sostuvo que la estrategia mantiene un enfoque democrático y flexible que le permitirá adaptarse a la evolución de la delincuencia. “Este plan no contiene un enfoque autoritario extremo que socave la figura democrática del país. Es una herramienta que puede reajustarse porque el crimen lo requiere”.“, anotó.
El presidente también lanzó una advertencia sobre la postura del Estado hacia las organizaciones criminales. “Bajo ninguna circunstancia se puede negociar con delincuentes. Eso significaría abandonar el sistema democrático que tenemos”comentó, refiriéndose a la política de seguridad del gobierno.
Balcázar explicó que el éxito del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026-2028 no depende solo de la Policía Nacional del Perú o el Ministerio del Interior, sino de una estrategia conjunta con el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para fortalecer la persecución de los delitos.
Asimismo, anunció el llamado a las facultades de derecho del país para desarrollar un “plan legislativo B” esto ayuda a cerrar lagunas legales y evitar que los delincuentes reincidentes escapen de la justicia a través de estrategias legales.
El decreto también establece que el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, tendrá un plazo máximo de diez días hábiles para implementar los mecanismos de seguimiento y evaluación del plan. Además, precisa que su ejecución se realizará con el presupuesto institucional de las entidades interesadas, sin requerir recursos adicionales del tesoro público.
