El Congreso de la República aprobó la admisión a trámite de la denuncia constitucional contra la presidenta Dina boluarte por el presunto delito de encubrimiento personal agravado, en un caso que involucra también al exministro del Interior, Juan José Santiváñez.
La decisión fue adoptada por la Subcomisión de Cargos Constitucionales que, con 8 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención, concluyó que existían elementos suficientes para iniciar el trámite parlamentario. La denuncia, identificada con el número 595, fue presentada por la exfiscal nacional, Delia Espinoza.
Según el informe de calificación, se identificaron indicios que vincularían al presidente con la presunta facilitación de la fuga de Vladimir Cerrón, ocurrida el 24 de febrero de 2024. El documento señala que un vehículo oficial presidencial fue presuntamente utilizado para escapar de los controles policiales, lo que constituiría un posible caso de encubrimiento personal agravado.
En el mismo caso, el exministro del Interior Juan José Santiváñez es investigado por presunta omisión de denuncia agravada, por no haber informado a las autoridades a pesar de que tenía conocimiento de los hechos.
La subcomisión aclaró que la admisión de la denuncia cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento del Congreso, como la adecuada caracterización de los hechos y la existencia de fundamentos mínimos que sustenten la acusación. Asimismo, se aclaró que esta decisión no implica una sanción inmediata, sino el inicio de una etapa de investigación y evaluación en instancias posteriores del Parlamento.
Al mismo tiempo, el grupo de trabajo declaró inadmisible el Recurso Constitucional No. 669 interpuesto por el expresidente Pedro Castillo contra varios congresistas. El informe concluye que la fiscalía no cumplió con los requisitos formales ni sustenta adecuadamente los delitos imputados, además de enfatizar que los hechos denunciados corresponden al ejercicio de funciones parlamentarias durante la vacancia presidencial del 7 de diciembre.
Asimismo, la subcomisión declaró inadmisibles otras denuncias, incluida una contra el titular de la ONP, al considerar que no se había probado ninguna violación a la Constitución y que no se habían cumplido las condiciones requeridas. En algunos casos, también se decidió enviar información a otras entidades estatales para su evaluación.
Finalmente, se acordó remitir diversas denuncias a otros niveles del Congreso, incluidos nuevos casos relacionados con presuntos delitos de corrupción que involucran a exfuncionarios y parlamentarios. Entre estas, también hay otras denuncias contra la presidenta Dina Boluarte por presuntos delitos de omisión de funciones y abandono del cargo.
