La minería informal ha dejado de ser una simple actividad económica para convertirse, según los especialistas, en un actor con creciente influencia en el debate legislativo. Según Iván Arenas, hoy existe una “Banca Reinfo” multipartidaria que funcionaría como una coalición para promover los intereses de este sector.
Esta influencia se manifestó recientemente en el seno de la Comisión de Energía y Minas, que preside el diputado Víctor Cutipa, donde se aprobó un dictamen que introduce cambios relevantes al régimen de concesiones mineras.
Esta situación ya había sido alertada por César Ipenza, miembro del Observatorio Legal de Minas (OMI), quien afirma que esta “Banca Reinfo” ha impulsado y aprobado diversas ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y pospuso la aprobación de la nueva Ley de Pequeñas Minas y Minas Artesanales (MAPE).
El voto que hace sonar las alarmas
El pasado miércoles 17, con 11 votos a favor, la Comisión de Energía y Minas aprobó un dictamen que introduce cambios críticos al régimen de concesiones. Entre los diputados que apoyaron la iniciativa se encuentran Víctor Cutipa y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Wilson Soto y Carlos Alva (Acción Popular), Guido Bellido y José Arista (Vamos Perú), Pasión Dávila (Bancada Socialista), Elizabeth Medina y Héctor Valer (Somos Perú), Kelly Portalatino (Perú Libre) y Segundo Quiroz (Alianza para el Progreso).
Sólo se registró un voto en contra, el de la diputada Diana González (Avanza País), mientras que Esdras Medina, Miguel Ciccia y Jorge Montoya se abstuvieron.
Impacto en la previsibilidad y el canon
El dictamen aprobado propone, entre otros puntos, reducir el plazo para el inicio de la producción de 30 a 15 años, eliminar el carácter irrevocable de las concesiones y obligar a las empresas formales a firmar acuerdos con las comunidades en nuevas condiciones.
Para los especialistas consultados por El Comercio, estas medidas podrían generar inseguridad jurídica y afectar la previsibilidad necesaria para la inversión. El posible impacto también alcanzaría a regiones que dependen del cañón minero.
- Impacto en el presupuesto: Sin nuevas inversiones no se generan tasas ni regalías.
- Riesgo para los más pobres: En zonas donde la minería representa entre el 70% y el 80% de las inversiones públicas, una posible reducción del flujo minero formal tendría un impacto en la infraestructura básica.
El contexto en Áncash
Para una región como Áncash, líder en la recaudación de regalías mineras a través de operaciones a gran escala, este escenario es particularmente relevante. Aunque esta decisión fue impulsada principalmente por congresistas de otras regiones -como en el caso de Guido Bellido-, existen preocupaciones sobre el impacto que podría tener en los departamentos que dependen en gran medida del cañón.
A enero de 2026, el distrito de San Marcos recibió más de 93 millones de soles en regalías mineras, mientras que provincias como Santa y Carhuaz dependen de estos recursos para más del 70% de sus inversiones públicas.
En febrero, la Defensoría del Pueblo reportó nuevos conflictos sociales en Áncash relacionados con la minería informal, la contaminación del agua y los conflictos comunitarios. Además, la Policía Nacional incautó equipo pesado y arrestó a cuatro personas por tala ilegal en Chimbote, lo que demuestra la magnitud del problema.
En Áncash, donde la minería artesanal y de pequeña escala está presente en provincias como Casma, Pacllón y Huari, especialistas advierten que el riesgo radica en que la formalización (Reinfo), un proceso que ya ha mostrado sus límites según diversos análisis, se utilice como herramienta política sin lograr consolidar una inversión formal sostenible.
Intereses electorales
La urgencia de esta decisión coincide con el inicio de la campaña electoral. Investigaciones periodísticas han advertido que determinados candidatos parlamentarios tienen vínculos o cercanía con actores vinculados a Reinfo.
Partidos como Renovación Popular, Perú Libre y Podemos Perú han incluido en sus listas a líderes o asesores de sindicatos mineros informales, con el objetivo de consolidar la presencia política en este sector.
En conclusión
La minería informal no sólo ha aumentado su presencia en el debate público, sino que, según los expertos, también busca influir en las decisiones legislativas. De aprobarse esta decisión en el pleno, podría tener efectos en la estabilidad económica de regiones como Áncash.
El debate sobre el régimen minero ya no se limita a un debate técnico en Lima: en las regiones, su impacto se refleja en inversiones públicas, empleo y condiciones de vida de miles de familias.
