El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosiratificó públicamente las declaraciones por las que fue condenado en primera instancia por difamación y cuestionó la decisión judicial que lo sancionó con 9 meses de prisión suspendida y el pago de 200 mil soles en concepto de indemnización civil.
En entrevista con Canal N, el legislador afirmó que mantiene “totalmente” sus dichos contra la exfiscal nacional, Delia Espinoza, a quien anteriormente había calificado sin pruebas con términos que, según el poder judicial, dañaron gravemente su honor. Rospigliosi dijo que actuó en el ejercicio de su función parlamentaria e invocó el artículo 93 de la Constitución para argumentar que no debería ser procesado por sus opiniones.
La sentencia fue dictada por la jueza suprema Norma Carbajal, quien concluyó que el parlamentario había abusado de su derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, la pena privativa de libertad no será efectiva, ya que el régimen suspensivo se aplicó cuando se cumplían los criterios establecidos por el Código Penal, como la pena inferior a cinco años y la ausencia de antecedentes penales del condenado.
En el mismo comunicado, Rospigliosi planteó la posibilidad de promover una destitución masiva de magistrados del sistema judicial, tomando como referencia lo ocurrido en El Salvador en 2021. Según él, este tipo de medidas requerirían del apoyo conjunto del Ejecutivo y el Legislativo en un futuro mandato de gobierno.
El parlamentario sostuvo que sería necesaria una reforma de esta magnitud para combatir la delincuencia, considerando que el actual sistema judicial tiene fallas. Sus declaraciones se dan en un contexto donde también se han planteado cuestionamientos internacionales sobre el modelo salvadoreño por posibles violaciones a derechos fundamentales.
El caso mantiene la atención pública al combinar una decisión judicial actual con propuestas de políticas destinadas a cambiar la estructura del sistema judicial, lo que reabre el debate sobre los límites de la libertad de expresión de las autoridades y la independencia de los poderes estatales.
