EL desactivación de Eficavip por el fiscal ha reavivado los temores de impunidad entre los familiares de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos. El grupo de trabajo estaba investigando las muertes y lesiones graves que se produjeron durante el ataque. eventos sociales en 2022 y 2023, esto dejó más de 60 personas muertas en el país, incluidos casos en Ayacucho, según la Defensoría del Pueblo.
Para Tania Pariona, Exdiputado y secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), esta decisión representa un grave retroceso en el acceso a la justicia y se produce en un contexto de debilitamiento institucional. Advirtió que la fiscalía se enfrentaba a presiones políticas y a una pérdida de autonomía, lo que ponía en riesgo investigaciones delicadas.
Desde la CNDDHH advierten que el Eficavip Contenía al menos 50 expedientes de procesamiento relacionados con acusaciones de ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza. Con su desactivación, los casos pasarán a nuevos fiscales que no los han seguido desde el principio, lo que podría retrasar o retrasar las investigaciones. Ya se reportan audiencias postergadas y procedimientos suspendidos, generando mayor desgaste y revictimización de las familias.
La medida se produce en un escenario electoral, cuando varios congresistas buscan la reelección, y reabre el debate sobre la responsabilidad política ante las muertes durante las protestas. Pariona llamó a un voto de memoria, advirtiendo contra discursos que estigmatizan a las víctimas y consolidan la impunidad, en un contexto donde el Congreso registra más del 90% de desaprobación, según el IEP.
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